La investigación además sobreseyó a los cuatro fiscales adjuntos que figuraban como investigadores.
El Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, descartó la existencia de reproches hacia el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, por su papel ejercido durante la investigación del denominado caso Bombas.
Ello, luego de concluir la investigación administrativa instruida por el jefe de la Fiscalía Regional Centro Norte, Andrés Montes, quien indagó las presuntas irregularidades cometidas en el proceso de investigación cometidas por el grupo de persecutores, liderados por el ex fiscal Alejandro Peña.
La investigación administrativa fue realizada a petición de los diputados Marcelo Díaz, Sergio Aguiló, Hugo Gutiérrez y Sergio Ojeda el pasado 5 de noviembre, quienes argumentaron en dicha solicitud que se "habrían incurrido en una serie de irregularidades e infracciones administrativas y legales en el proceso de investigación, destinadas a producir, reunir y presentar prueba con la finalidad de asignarle responsabilidad a una serie de jóvenes, prueba que se produjo, obtuvo y presentó al margen de la ley".
"La resolución del sumario no formula reproches al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. Ahora, con respecto a la situación del ex fiscal Peña, el informe que se me propuso el investigador y que yo reproduzco en la resolución del sumario deja constancia que hay actitudes que se podrían reprochar y, eventualmente si hubiera formando parte de la Fiscalía podrían haber sido sancionadas, pero como él ya no forma parte de la Fiscalía, la ley nos impide sancionarlo", indicó Sabas Chahuán.
Entre dichas actitudes, destaca el haber tomado decisiones en el denominado caso Bombas, mientras presumiblemente mantenía conversaciones con el subsecretario del Interior para pasar a formar parte de ese Ministerio, cartera que era querellante en la misma causa.
Esta mañana, el Fiscal Nacional junto con desestimar cualquier reproche al actual jefe de Gabinete del Gobierno, confirmó además el sobreseimiento de los fiscales –en ese entonces investigadores del caso- Marcos Emilfork, Pablo Sabaj, Francisco Rojas y Víctor Núñez, por no advertir responsabilidades administrativas en los hechos denunciados por los parlamentarios, argumentando que todas las órdenes de detención fueron concedidas por un Tribunal de la República y que la ilicitud de pruebas señalada fue materia de discusión de la respectiva audiencia preparación de juicio oral.
