A partir de octubre de 2013 se desarrolla en Wallmapu ocupado, una cruzada judicial en contra de comuneros mapuche que hasta diciembre ha condenado a penas draconianas a cuatro jóvenes en dos juicios desarrollados en el tribunal de Angol.
A principios de octubre, Fernando Millacheo Marin fue condenado a 15 años y un día por robo con intimidación reiterado; Cristian Pablo Levinao Melinao a 10 años y un día por robo con intimidación, mientras Guido Bahamondes Gallardo fue absuelto. El 5 de diciembre otros tres jóvenes fueron condenados en Angol por cargos similares en el caso de la muerte del parcelero Héctor Gallardo Aillapán.
Pero los procesos no terminan aquí, ya que están programados al menos otros dos juicios en contra de comuneros en lo que resta de diciembre: contra el werkén Daniel Melinao, a iniciarse el lunes 16, y en Lautaro, contra comuneros del Lof Muko y Yeupeko Catrileo, el día 19. Además, se está próximo a fijar fecha en el caso del Machi Celestino Córdova, que ha culminado la etapa de preparación en Temuco.
Daniel Melinao acusado de “coautor” de la muerte del cabo Hugo Albornoz
En abril del año 2012 mientras se desarrollaba un violento allanamiento a la comunidad Wente Winkul Mapu, fue herido de muerte el sargento del GOPE, Hugo Albornoz. Según lo relatado por las mujeres y ancianos que resistieron por enésima vez la brutalidad policial del general Bezmalinovic, ese día varios piquetes de carabineros fuertemente armados ingresaban por distintos puntos a la pequeña comunidad mapuche del valle de Chequenco, disparando a todo lo que se moviera.
Dicen que fueron varias las veces que los piquetes ingresaron y recorrieron la comunidad, ingresando a las casas y golpeando a todos sin discriminar si era niño, anciano, hombre o mujer.
Casi la totalidad de los hombres habían salido de la comunidad cuando vieron venir el contingente policial y varios dirigentes habían salido temprano a la ciudad. Es en ese contexto que el cabo Albornoz cae herido en el patio de una de las modestas casas de Wente Winkul Mapu.
Carabineros inmediatamente lo retira del lugar y con posterioridad vuelven al lugar para limpiar el sector, recoger vainillas y todo rastro del incidente.
A los medios de comunicación la institución policial chilena declaró que el cabo Albornoz había sido herido en una emboscada montada por desconocidos en el camino público que lleva a la comunidad.
No pudieron, sin embargo, levantar toda la sangre que perdió el policía herido, y las pericias realizadas posteriormente por la Policía de Investigaciones confirmó lo que declararon los comuneros.
El alevoso allanamiento donde murió el cabo Albornoz no fue el primero ni el último de los groseros ataques dirigidos por Iván Bezmalinovic contra Wente Winkul Mapu. A tanto llegó el ensañamiento policial contra esta comunidad que la Corte Suprema, en al menos dos oportunidades, debió explicitar una orden a Carabineros para que respete especialmente a los niños y se atenga a los procedimientos legales en sus allanamientos.
Es en este contexto, tras más de un año de investigación y extrañamente sin llegar a ningún resultado, que surge como una especie de revelación divina recibida por el fiscal antimapuche Luis Chamorro la imputación de “coautoría” al werkén Daniel Melinao en la muerte de Albornoz, el más mediático de los comuneros de Wente Winkul Mapu. Y aunque en su contra no se esgrime más que una rebuscada interpretación de una no menos rebuscada pericia telefónica al celular de Daniel, que lo situaría en las inmediaciones de la comunidad ese día, el enclave judicial antimapuche de Angol lo ha mantenido en la cárcel por cerca de ocho meses a la fecha.
El lunes 16 se inicia el juicio oral donde está inculpado el werkén y, aunque sin muchas esperanzas, esperamos que en el transcurso del proceso pueda salir a la luz la verdad y se demuestre su inocencia.
El caso del Machi Celestino Córdova
El caso del Machi Córdova, único acusado en la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay, es otro de los casos en que la prepotencia y el uso alevoso del poder pretende encarcelar a un comunero sin más prueba que la “convicción” del equipo investigador y la anuencia igual de prejuiciada del juez acerca de la participación de la autoridad religiosa mapuche en el hecho que culminó con la muerte del matrimonio de colonos.
La escasez de pruebas en este caso no sólo deja en evidencia la ineptitud de los fiscales, sino que además pone de relieve el grado de prejuicios racistas que subyacen, no sólo en el sistema judicial chileno, sino en todo el aparataje estatal que mantiene la ocupación de Wallmapu desde hace casi 150 años.
La promesa de Piñera a sus pares empresarios:
El presidente Sebastián Piñera ingresó a La Moneda con la promesa de poner mano dura al conflicto chileno-mapuche y terminar con la delincuencia. Al finalizar su mandato, no ha podido cumplir su palabra, pero ha intensificado sus críticas y su presión al Poder Judicial para conseguir condenas altas y bajar los estándares probatorios en casos mapuche.
Tras la debacle electoral de la derecha (y aún de antes), Piñera ha insistido en mostrar una posición de dureza, lo que deja un escenario propicio para conseguir condenas en casos emblemáticos. Por otro lado, la nueva administración que se instalará en marzo no querrá hacerse cargo del lastre judicial que se arrastra, incluso del gobierno anterior al actual.
Escenario propicio para condenar
Esto deja en el periodo noviembre-marzo un escenario propicio para condenar a comuneros mapuche con escasas pruebas o ninguna. Sumemos a ello que en Malleco, y en general en toda la región, parece haber una especie de enclaves antimapuche dentro del Poder Judicial, principalmente en Angol, donde reiteradamente la Corte Suprema ha anulado juicios en que se han condenado a mapuche a penas altísimas en primera instancia. Ello es corroborado en casos como los de comuneros de Wente Winkul Mapu, en los cuales, tras apelar a la Suprema, han salido absueltos; o en el caso del asesinado Rodrigo Melinao, absuelto después de muerto.
Niños que creyeron en la justicia chilena son condenados sin pruebas
El último de estos casos es el de los jóvenes Luis Marileo, Leonardo Quijón y Gabriel Valenzuela, que al saberse inculpados de la muerte del parcelero Héctor Gallardo se entregaron voluntariamente a la justicia para demostrar su inocencia, pero fueron condenados pese a la escasez de pruebas y las evidentes contradicciones de las existentes.
Esta última condena es un claro ejemplo del apartheid judicial chileno en Wallmapu, donde se utiliza el sistema judicial como una herramienta más de persecución política contra ciudadanos mapuche.
Para la juventud mapuche y para todos los ciudadanos de Wallmapu, éste es un mensaje clarísimo de que confiar en la justicia chilena es un grave error que se paga caro y que da la razón a quienes valientemente resisten en la clandestinidad.
