Un llamado de atención para que sus procedimientos den “pleno cumplimiento a la jurisprudencia administrativa” hizo llegar la Contralora Regional de Aysén, Jacqueline del Valle, a la gobernadora de la provincia Capitán Prat, Ana María Mora, producto de una presentación que a principios de octubre hiciera llegar al organismo fiscalizador el presidente de la Agrupación de Defensores del Espíritu de la Patagonia de Cochrane, Carlos Garrido.
El dirigente denunció en su oportunidad que la gobernadora dejó sin respuesta un solicitud de autorización para marchar contra HidroAysén porque no le agradó una frase del documento ingresado, en el cual los requirentes planteaban irregularidades en la tramitación y aprobación del proyecto. La movilización se organizó en mayo de 2012 en Cochrane (a un año de la aprobación regional del polémico proyecto hidroeléctrico) y en el escrito presentado ante la Contraloría se solicitaba determinar “la legalidad y eventuales responsabilidades de la gobernadora de Capitán Prat, Ana María Mora, y su asesora jurídica, María Soledad Larrea del Solar” por su omisión. Producto de la “no respuesta”, y debido a que la manifestación se realizó de todas formas, Carlos Garrido fue condenado por supuestos “desórdenes públicos”.
Analizados los antecedentes, mediante oficio 3243 del 31 de octubre, el ente contralor determinó que “la Gobernación de la Provincia Capitán Prat no resolvió oportuna ni formalmente la solicitud que le fue formulada, circunstancia que afecta el principio conclusivo contemplado en el artículo 8º de la ley Nº 19.880, que establece que todo procedimiento administrativo está destinado a que la Administración dicte un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y en el cual exprese su voluntad, sin que, además, cuente con facultades para requerir la modificación de las peticiones que se le formulen al respecto”.
En este sentido, el ente fiscalizador acogió el planteamiento del dirigente quien alegó la configuración de un acto irregular por parte de la gobernadora de Capitán Prat, Ana María Mora, y su asesora jurídica, María Soledad Larrea del Solar, al no dar respuesta formal (rechazando o aprobando) a una solicitud ingresada en su oportunidad para marchar por las calles de Cochrane. Y menos aún, teniendo facultades legales para solicitar el cambio del contenido del documento en el cual pedían autorización para ejercer el derecho constitucional a manifestarse públicamente.
Por: Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida
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