El incidente ocurrió a menos de dos semanas de que la plataforma tecnológica colapsara y a pocos días del fin de la huelga de los trabajadores del servicio.
La ministra de Justicia, Patricia Pérez, solicitó la renuncia del director del Registro Civil, Rodrigo Durán, luego de la nueva falla en el sistema informático de la entidad que significó la interrupción del servicio a nivel nacional.
El incidente ocurre a menos de dos semanas de que la plataforma tecnológica colapsara, tras una falla en una máquina de una empresa externa que enlaza todas las oficinas del organismo público, y después de una prolongada paralización nacional realizada por sus funcionarios.
Estos últimos han denunciado insistentemente que la plataforma infomática del sistema de identificación presenta graves fallas.
Respecto a lo ocurrido hoy, el director de Estudios y Desarrollo del Registro Civil, Eduardo Bustos, explicó que la caída del sistema se produjo debido a una falla en un equipo de comunicación que permite la conexión con el resto de los servidores encargados de proveer los servicios de registro de nacimientos, defunciones y antecedentes penales, entre otros.
El problema generó quejas de centenares de usuarios y largas filas de espera de atención en las distintas oficinas.
A lo anterior se suma el extravío de cerca de 400 cédulas de identidad que habían sido tramitadas durante el paro de sus trabajadores, lo que obligó a los afectados a volver a realizar el trámite.
La ministra Pérez señaló que esta decisión se tomó debido a la necesidad de un nuevo liderazgo en esta etapa de normalización del servicio, que implica consolidar un nuevo sistema. "Esta etapa puede tomar varios meses y, en ese contexto, es necesario ir afrontando eventuales nuevas dificultades y se requiere proactividad y creatividad para ello, en beneficio de todos los usuarios y usuarias del Registro Civil", afirmó.
En cuanto a los inconvenientes técnicos que ha experimentado el servicio, la secretaria de Estado enfatizó que "se van a hacer efectivas las responsabilidades de todos los proveedores que no estén cumpliendo con los estándares establecidos en el contrato. La prioridad es una buena calidad de servicio y todo proveedor que no esté cumpliendo en un 100 por ciento con los estándares, va a tener que responder por ese incumplimiento".
La subdirectora jurídica del organismo, Claudia Gallardo, asumirá la dirección de la institución mientras se define el nuevo director.
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