miércoles, 6 de septiembre de 2017

Seremi de Salud cursa 13 sumarios en materia de salud ocupacional en Ñuble


Unidad que fiscaliza esa área ha realizado 39 fiscalizaciones durante este año.
Un 33% de las fiscalizaciones a empresas realizadas por la Seremi de Salud del Bío Bío en Ñuble, en el marco de los protocolos asociados a salud ocupacional, concluyó con el inicio de un sumario sanitario. Al 23 de agosto, se han registrado 13 sumarios de un total de 39 inspecciones sanitarias en el territorio ñublensino.
En relación a los procesos de vigilancia, se han desarrollado 8 fiscalizaciones en el contexto del protocolo psicosocial, 10 para observar trastorno músculo esquelético de extremidad superior, 5 para controlar plaguicidas, 9 por exposición al ruido laboral y 7 en el programa de erradicación de la silicosis; lo que ha dado origen a 3, 3, 1, 3 y 3 sumarios, respectivamente.
Durante el año 2016, en las cuatro provincias se desarrollaron un total de 420 fiscalizaciones, 126 radicadas en el protocolo Psicosocial, 87 en protocolo Trastorno Músculo Esquelético de extremidad superior, 47 en vigilancia Plaguicidas, 93 en exposición al ruido laboral y 67 en erradicación de la silicosis. En total se registraron 26 sumarios el año 2016.
“El incremento en los sumarios dice relación con la automatización digital de los procedimientos, en base a la estrategia de modernización que se inició en la región el presente año, que objetiviza más el proceso, evita interpretaciones respecto a posibles incumplimientos a la normativa y disminuye el error”, puntualizó Mauricio Careaga, seremi de Salud del Bío Bío, aludiendo a la automatización digital de los procedimientos fiscalizadores desde julio de 2017, en base a la estrategia de modernización iniciada el año 2015 y que es parte del compromiso presidencial N° 15 del sector salud, ratificado posteriormente en el Plan Institucional de Salud Pública frente al Congreso.
Lo anterior implica que al fiscalizar los protocolos Psicosocial, Trastorno músculo esquelético de extremidad superior, plaguicidas, Prexor (ruido laboral), cada fiscalizador realiza el procedimiento en línea, desde un tablet, lo que permite ahorro de tiempos administrativos, disminución de errores y transparentar en forma inmediata el contenido de las inspecciones a la empresa o institución que es sujeto de fiscalización.
“Entre las políticas de salud pública del Minsal, se considera relevante la preocupación por la salud de las y los trabajadores, particularmente en lo que se refiere a la prevención y vigilancia epidemiológica de las enfermedades que derivan o se agravan por efectos de los agentes de riesgo en el trabajo; y en ese marco, realizamos una continua fiscalización en ámbitos que pueden tener un alto impacto en la salud, como son el psicosocial, en materia de sílice, trastornos músculo esquelético de extremidad superior, exposición a ruido laboral y erradicación de la silicosis”, agregó la autoridad sanitaria.
En el ámbito psicosocial el trabajo de la autoridad sanitaria se orienta principalmente a realizar seguimiento a los riesgos psicosociales en el trabajo, el que es obligatorio desde octubre de 2015 para todas las empresas, y donde los empleadores deben notificar a su organismo administrador de la Ley y ellas a la autoridad sanitaria y a la Superintendencia de Seguridad Social para evaluar casos de estrés y otras patologías para generar la vigilancia epidemiológica respectiva.
En materia de sílice, existe el Plan Nacional para la Erradicación de la Silicosis 2009-2030, que nace como una iniciativa que tiene como objetivo contribuir a terminar con esta enfermedad laboral en el país, lo que constituye una iniciativa clave en la política de Protección Social impulsada por el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, y se enmarca dentro del Programa Global para la Erradicación de la Silicosis en el mundo (OMS-OIT).
Respecto al uso de plaguicidas, se fiscaliza que todo plaguicida cuente con registro sanitario de comercialización y autorización para la aplicación, debido a su potencial de generar daño genético. Se fiscaliza la empresa que aplica y los predios donde se aplican, realizándose vigilancia a los trabajadores que aplican los productos; verificando el control biológico de los trabajadores, y el cumplimiento de la normativa general.
El objetivo del protocolo de vigilancia de la pérdida auditiva por exposición al ruido en los lugares de trabajo, es disminuir la incidencia y prevalencia de hipoacusia de origen ocupacional, estableciendo criterios comunes, líneas de acción y recomendaciones para el manejo integral del trabajador expuesto ocupacionalmente a ruido; definiendo en paralelo etapas y acciones complementarias de vigilancia ambiental y vigilancia a la salud que controlen la exposición y eviten el daño y su progresión.
Adicionalmente, la Seremi de Salud, vigila el trastorno músculo esquelético de extremidad superior.
“Al observar las fiscalizaciones por provincia, se concluye que el 48% de ellas se registra en la Provincia de Concepción, con 104 inspecciones; el 21% se sitúa en Biobío, con 45 fiscalizaciones; el 18% en Ñuble, con 29 fiscalizaciones; mientras que Arauco registra 29 inspecciones, que constituyen el 13%”, precisó la encargada del Sub Departamento de Salud Ocupacional de la Seremi de Salud, Sonia Almeyda.
Respecto a los sumarios, la mayor cantidad de ellas se sitúa también en Concepción (32), seguido por Ñuble (13), Biobío (4) y Arauco (3).
“El proceso de control en materia de salud ocupacional se encuentra inserta en un modelo de fiscalización sanitaria con enfoque de riesgo epidemiológico y determinantes sociales en Salud, Equidad y Género, cuyo programa de fiscalización tiene entre sus principales objetivos fijar criterios de priorización regional de los agentes y factores de riesgos de relevancia en salud ocupacional para fines de fiscalización; determinar procesos y métodos de fiscalización estandarizados con enfoque de Riesgo Epidemiológico y Determinantes Sociales en Salud, Equidad y Género; crear e implementando instrumentos únicos para verificar el cumplimiento de la legislación laboral vigente; y coordinar programas de fiscalización conjuntos acordados con los organismos nacionales competentes en las materias de trabajo y seguridad social”, agregó la profesional.

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